Opinión - 11/06/2013 actualizado a las 16:29

Sepamos construir Canarias

En los últimos 60 años, el derecho marítimo internacional, ha experimentado un desarrollo legislativo sin precedentes. Esto hay que decirlo alto y claro, por lo que significa para una parte del territorio del Estado español, como son las Islas que forman el Archipiélago Canario. Esto es motivo suficiente para iniciar un gran debate social en el archipiélago canario.

En noviembre de 1975, España abandona la soberanía sobre el Sahara, entregando la administración a Marruecos de una parte del territorio al norte del paralelo 24-10N, y al sur del mismo paralelo, bajo la administración de Mauritania, que apenas un año después, abandona el territorio Sahariano, de lo que Marruecos de forma unilateral hace suya la ocupación total del Sahara.

En 1981 Marruecos decreta la soberanía en sus aguas continentales del Atlántico hasta una distancia de 200 millas marinas desde la ribera de su costa. Era el preludio de la desaparición de la flota pesquera española en el banco pesquero canario-sahariano, y el hundimiento de todo el sector pesquero canario.

La tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar, concluyó el 10 de diciembre de 1982, celebrada en Montego Bay (Jamaica). Fue firmado por España el 4 de diciembre de 1984, en Nueva York ratificándose y entrando en vigor en España en febrero de 1997, con la Declaración siguiente: El Reino de España recuerda que, como miembro de la Unión Europea, ha transferido competencias a la Comunidad Europea con respecto a ciertas cuestiones reguladas por la Convención del Mar, y que no puede interpretarse con reconocimiento a los espacios marítimos de España con Gibraltar, haciendo constar la Declaración de límites marítimos fronterizos con Inglaterra, con Portugal, con Italia y con Marruecos, solamente para Ceuta y Melilla, no se mencionó las fronteras marítimas con Canarias.

Dicha Convención de las Naciones Unidas, se caracterizó, entre otras cosas nuevas y de interés, las siguientes; el derecho de los Estados costeros a una zona económica exclusiva hasta las 200 millas marinas, que se ampliarían a 350 a partir de enero de 2005. Otro hecho importante es el reconocimiento del concepto archipiélago, con ello, las aguas de un conjunto de islas, que las unen y conectan, son consideradas como “aguas interiores”, o sea, el mismo concepto jurídico que para el territorio terrestre. Esta novedad jurídica es de vital importancia para la seguridad y supervivencia de Canarias, y de la que España como Estado miembro del Tratado Internacional deberá realizar todos los esfuerzos posibles, para que dicho reconocimiento internacional sea aplicado al archipiélago canario, siempre dentro del encaje legal de la Constitución Española, y como no, de la propia Constitución Europea.

El 14 de febrero de 1997, el Tratado Internacional del Mar, entra a formar parte del Ordenamiento Jurídico del Estado Español. A partir de ahora, no podemos ocultar lo que es una verdadera realidad; la aplicación jurídica internacional con el territorio y el mar de Canarias, dependerá del concepto que se le dé a Canarias, bien de islas ó archipiélago.

El actual Tratado Internacional del Mar, establece que la titularidad sobre aguas interiores entre islas y su zona económica exclusiva, depende del concepto jurídico que se le dé a los territorios insulares. En estos casos, la interpretación de la jurisprudencia de los Tribunales Internacionales dice: “que cuando una isla o grupo de islas esté lo suficientemente aislado del Estado ribereño, tiene derecho a un área separada de la plataforma continental; aunque el hecho de saber cuál parte de la plataforma es equitativa, varía respecto a que todas las circunstancias geográficas y otros factores relevantes; añadiendo: “si en la prolongación natural del territorio de un Estado (plataforma continental), se encuentran un conjunto de islas con soberanía de otro Estado, sé aplicaría la delimitación entre dichos territorios, de forma equitativa, reduciendo la mínima parte de espacio marítimo; del que le corresponde a la plataforma del Estado ribereño”. Sentenciando: Que el establecimiento de la delimitación fronteriza entre Estados, se aplicará con criterios equitativos de acuerdo con la configuración geográfica del espacio marítimo en disputa, y de otras circunstancias inherentes al caso concreto. Estos principios de la jurisprudencia internacional dejan a Canarias totalmente indefensa por la no-consideración jurídica del concepto de “archipiélago”.

Ante ello, la Plataforma por el Mar Canario ha presentado ante el Parlamento de Canarias, una Iniciativa Legislativa Popular, basada en el Territorio y el Mar de Canarias, cuyo texto en forma de Moción, se presentó en los 7 Cabildos y  87 Ayuntamientos de Canarias, siendo aprobadas por unanimidad en una cantidad considerable de instituciones. Nuestro planteamiento se fundamenta en tres pilares jurídicos: La Constitución Española, El Derecho Internacional del Mar y la similitud con otros “archipiélagos ultraperiféricos de Europa”.

Sobre la zona económica exclusiva que al día de hoy son de 350 millas marinas, el Derecho del Mar es claro y contundente, e interpreta que cuando son islas sobre una plataforma continental de otro Estado, dichas islas carecen de zona económica exclusiva, cuya soberanía y explotación es del Estado ribereño. Otra consideración bien diferente sería el que se reconocieran nuestros derechos como archipiélago del Estado español, partiendo desde la aplicación del Derecho Internacional, que necesariamente deberá de adaptarse al texto constitucional por imperativo de la unidad territorial de España, incluidas las islas canarias.  Lo que el Derecho Internacional le niega a España como Estado soberano sobre las delimitaciones territoriales del Mar Canario, lo podría obtener Canarias, con el único medio jurídico que garantizaría a Canarias, desde el derecho constitucional al derecho de autonomía a las nacionalidades y regiones que integran el Estado, y por el derecho solidario entre todas ellas. Considerando lo dicho, el Estatuto Canario deberá contener: la denominación de la comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica y la delimitación de su territorio de acuerdo con la realidad geográfica de Canarias, ante el Derecho Internacional.

Que por nuestra condición especifica de archipiélago, se deberá de recoger del Derecho Internacional el articulo 46(b), (Archipiélagos de Estado), lo mismo que le corresponde a los Estados Archipelágicos 46(a). No existe otra alternativa que no sea la consideración jurídica sobre Canarias del reconocimiento del concepto de Archipiélago, a partir de ahí, y con los conceptos legales que hemos señalado de la Constitución Española, se podrá alcanzar las competencias plenas del Derecho Internacional, artículo 305(e), Plena Autonomía Interna, que le reconocerían a Canarias, de todos los derechos como un territorio del Estado Español, aunque se encuentre sobre la plataforma continental de otro Estado. En caso contrario el mismo Estado, estaría renunciando de soberanía sobre el mar Canario, lo que es lo mismo, pondría a disposición soberana de Marruecos, de 21.000 Km2. de aguas interiores y 750.000 Km2 de zona económica exclusiva. Renunciando al igual que en el Sahara, de la soberanía de las aguas canarias por fuera de las doce millas.

El gobierno del Estado prefiere renunciar de  la soberanía del Mar Canario en favor de Marruecos, para no entregar la titularidad (no soberanía) de dichos espacios marítimos a la Comunidad Autónoma Canaria. Esta es de una realidad palpable y verdadera. Sí de verdad queremos seguir siendo españoles y europeos, con pleno reconocimiento internacional sobre el territorio y el Mar de Canarias, deberíamos por dejar a un lado, las diferencias ideológicas y el protagonismo partidista, para lograr entre todos, el reconocimiento jurídico que dignifiquen a esta tierra canaria, española y europea.

Cuando nos quieran dar por imperativo internacional del derecho a la autodeterminación, será demasiado tarde. Para ese entonces, estaríamos social y económicamente a merced de Marruecos.



Antonio Rodríguez de León