Opinión - 21/05/2017 actualizado a las 16:28

Opinión-Antonio Rodríguez de León: ¿Qué Estatuto de Autonomía?

Los derechos territoriales de Canarias están contemplados más allá de la Constitución Española y el deber de sus políticos es reclamar esos derechos

Co. 21 de mayo de 2017

Desde la firma del Tratado Internacional del Mar en octubre de 1982, ningún País del mundo puede legislar unilateralmente sobre los espacios marítimos, fue un hecho histórico, los Estados que decidieron estampar su firma y ratificarlo en sus Parlamentos están en la obligación de cumplir. ¿Acaso no es eso lo que pregona el Gobierno de España con respecto al acuerdo europeo sobre la Sestiba en los puertos?

Con dicho Tratado quedaron establecidas, que las primeras 12 millas de la costa son aguas soberanas del País que las circunda, a partir de esa línea costera, ningún País puede aplicarle a terceros Estados, de una Ley Marítima que no sea el de octubre de 1982. Allí quedó establecido que las diferencias o controversias entre dos o más Países lo decidiría un Tribunal Internacional, obligándose todos los Estados firmantes, a que sus Constituciones establecieran la legislación marítima internacional. Esto creaba grandes problemas a determinados Estados.

El primer problema que iba a producirse era la línea marítima que estableciera las fronteras entre dos o más Países, para ello se estableció que un Tribunal Internacional fuese árbitro quién decidiera finalmente las fronteras en el mar. El segundo problema era establecer los espacios marítimos entre los archipiélagos, diferenciando si es un Archipiélago Estado con otros que no son Estados, éstos son contemplados en el artículo 121, que forman grupo de islas en general. Si los grupos de islas se encontrasen a menos de 200 millas de un Estado, sus espacios marítimos y aéreos serían del propio Estado, y si la distancia es superior a 200 millas, el Estado pierde su soberanía más allá de las 12 millas, sería competencia de interpretación del Tratado Internacional del Mar.

Para diferenciar el régimen jurídico de los diferentes archipiélagos, el Tratado Internacional estableció nueve artículos (del 46 al 54), encuadrados en la Parte IV. España tenía y aún tiene, dos archipiélagos, uno dentro de las doscientas millas y otro a una distancia infinitivamente superior, lo que supone dos importantes problemas; uno es la separación entre islas sea superior a 24 millas, y otro, que se encuentre situado dentro de los espacios marítimos de otro Estado. Ese es el problema que tiene España, que 35 años después de la firma del Tratado, y 20 años de su ratificación, pretende aplicar los conceptos marítimos con dos Leyes para un mismo problema: la Constitución y el Derecho Marítimo Internacional.

La Constitución Española en su artículo 95, deja establecido que la firma de cualquier Tratado Internacional obliga al Estado a revisar la Constitución, exigiendo que desaparezcan las contradicciones entre ambas Leyes, las diferencias entre las dos, deberán ser declaradas por el Tribunal Constitucional.

Actualmente España aplica “erróneamente” los preceptos constitucionales sobre los espacios marítimos del archipiélago canario y su navegación por los exteriores del mar territorial, también la ambigüedad de las fronteras marítimas entre el archipiélago y los Estados más cercanos. Desde el año 1997, con la ratificación del Tratado sobre el Mar, los espacios marítimos y aéreos de Canarias quedaron a merced de terceros Estados, hoy, cualquier País puede utilizar los pasillos marítimos y aéreos entre islas, tampoco España no puede establecer unilateralmente la mediana fronteriza más allá de las doce millas. 

La desidia de España con Canarias obliga al establecimiento del régimen jurídico de los espacios marítimos y aéreos del Archipiélago de Canarias. El reparar los errores pasa por una declaración del Tribunal Constitucional que contemple en la Constitución Española, el punto “b” del artículo 46 del Tratado Internacional del Mar, reconociendo a Canarias como un archipiélago dotado con un régimen jurídico que sea respetado por todos los Países del mundo. Ese régimen jurídico está establecido en el Tratado Internacional del Mar, en su artículo 305.e, que no es otro que un Estatuto de Autonomía adaptado a la dignidad de los canarios, cualquier otro estatuto de autonomía que no contemple la aplicación del Tratado de Montego Bay, serían nulos de pleno derecho.

Los Estados para establecer las anchuras de los diferentes espacios marítimos como pueden ser: aguas interiores, mar territorial y zona económica exclusiva, parte desde las líneas de base rectas, que son diferentes si se es isla o archipiélago. En las islas dicha línea parte desde las costas de la misma isla, y sus aguas interiores son las que se encuentran entre dos puntos, con una distancia inferior a 24 millas. En los archipiélagos se mide desde el perímetro del archipiélago, uniendo todos los puntos exteriores de cada isla, las aguas que quedan encerradas entre islas son aguas interiores, que pasarían a llamarse jurídicamente “aguas archipelágicas”, formando parte territorial unitaria del archipiélago. La zona económica exclusiva se mide desde la línea del mar territorial, que puede ser diferente si se inicia desde las líneas de base de una isla o de las líneas de base de un archipiélago. La diferencia es abismal, por lo que los canarios debemos de reclamar ser un archipiélago con un Estatuto de Autonomía de reconocimiento internacional o un Archipiélago Estado. Que tomen buena nota los nacionalistas de Coalición Canaria y Nueva Canaria.  

Los derechos territoriales de Canarias están contemplados más allá de la Constitución Española y el deber de sus políticos es reclamar esos derechos. Todo lo demás es pura paja con artilugios engañosos que usan los falsos nacionalistas para ocultar la realidad que conlleva ser un archipiélago al que pueda acogerse plenamente al Derecho Internacional del Mar. Los políticos traidores, renuncia los derechos que tiene Canarias a cambio de dinero.



Antonio Rodríguez de León