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*Por Martín Ru

Co. 29 de noviembre de 2017

Al Señor Clavijo lo va a investigar el TSJC (por ser aforado, maldito aforamiento) por el caso grúa. Todo comenzó allá... 2003 el entonces concejal de Seguridad Ciudadana de La Laguna, Fernando Clavijo (CC), siendo alcaldesa Ana Oramas, inicia el procedimiento para que el servicio de retirada de vehículos de la vía pública, se pague en efectivo. Ya estaba consolidada la vía del cobro de la Grúa por un fallo del TS , que le había dado al señor Don Gaspar, primero, la razón el TSJ de Baleares, el cual interpuso un Recurso y lo ganó devolviéndole 3.900 pesetas. Y segundo, contra este se interpuso recurso de Casación que se ganó en sentencia de fecha 10 de octubre de 1992. Esto fue el inicio legal de poner grúa en todos los ayuntamientos. Y así comienza el calvario del señor Clavijo.

En julio de 2004 el pleno del Ayuntamiento adjudica a José Padilla González dueño de Autogrúas Poli SL ese servicio, por un plazo de cinco años prorrogables hasta un máximo de 25 años.

En octubre de 2005 el Ayuntamiento autorizó a José Padilla la cesión del contrato de las grúas a la empresa Autogrúas Poli SL, que asumió todos los derechos y obligaciones. Pero sobre el 2013, la empresa se vio en una situación casi de quiebra: impagos de nóminas, falta de material para realizar el servicio, carencia de tarjetas de transportes, mal estado de las grúas... etc. En ese momento Clavijo era alcalde de la Laguna. A pesar de todo esto se asumió temporalmente el servicio, nombrando para ello a dos funcionarios. Estos advierten en sendos escritos de marzo y abril de 2014 de «la inestable situación económica-financiera de la entidad concesionaria», según destaca la Audiencia Provincial en el auto de reapertura del caso. La deuda a corto plazo superaba los 300.000 euros y había un problema de liquidez ante los impagos a la Agencia Tributaria, créditos embargados e ingresos bloqueados.

El alcalde firma en junio de 2014 un decreto resolviendo levantar los reparos formulados por la Intervención respecto a la concesión a Autogrúas Poli SL de un préstamo por importe de 120.000 euros. Todo esto a pesar de la advertencia de la audiencia que debería estar todo conforme a derecho

Clavijo levanta los reparos de los interventores y concede el préstamo a Autogrúas Poli SL, de la que eran socios algunos de sus trabajadores, según se recoge en escritura pública fechada en abril de 2011. «Algunos de sus socios adquirentes de las participaciones sociales pudieran tener vinculaciones personales con el Sr. alcalde D. Fernando Clavijo». Este aspecto fue investigado estos días por el juzgado, que por lo visto eludió hacerlo. Toma Ya, aquí aparece la jueza Celia Blanco. Lo mismito que el caso que yo denuncie ¿Se acuerda? Fue el asunto de Soraya Sánchez y que el Juez Martín lo archivo. ¡Ole los archivos, Viva, el no trabajar e investigar! Así lo expuse en el mi artículo…. Clavijo ‘Le pido a la Virgen de Candelaria que no haya elecciones’ de fecha 3 de mayo de 2016.

En primer lugar, su petición de que se conforme un gobierno en España ha fracasado (la Virgen no le ha escuchado). En segundo lugar, ese parlamento que le miraba podría estar pensando en las medidas que usted está tomando. El señor Asier debió de haberle preguntado por ciertos escándalos en Vivienda, vaya usted a saber... ¿Cree usted que los parlamentarios no buscan por las redes lo que pueden dicen otros periódicos o medios digitales, que no sean Canarias7, La Provincia y el Día? Por ejemplo: este en el que, en ocasiones escribo, que publicó no hace 20 días un comunicado de la Alianza Anticorrupción que decía, (¡Ojo!, solo voy a exponer dos textos, de los 7 que emitió la Alianza Anticorrupción. Los otros restantes, véalo usted en canariasopina.com.es.) Este fue el primero de los comunicados:

1- ¿La Comunidad Autónoma de Canarias le sigue pagando las nóminas al jefe de Servicio Social de Promoción Pública D. Juan Francisco Troya Ferrer, más de 25 años, siendo incompatible, según documento oficial del Consejero de la Función Pública Sr. Aarón Afonso Afonso? ¿La Comunidad Autonómica hace contratos legales?”

4- ¿El Cabildo permite que una calificación denegada por el Consejero de Gobierno de Política Territorial de fecha 13-02-2009, donde solo se autoriza, al señor Juan Francisco Troya Ferrer, a mover tierras, y le siga permitiendo impartir clases a los niños en una escuela en sitio rústico?
La Alianza Anticorrupción, hizo este comunicado porque por lo visto, en su día, se denunció a la fiscalía y al juzgado (con pruebas irrefutable, de estos escritos) y la Justicia no quiso investigar. Usted señor Clavijo puso al frente de Justicia al señor Aarón. Le recuerdo a usted que este señor fue el responsable que remitió el escrito de que el funcionario Francisco Troya Ferrer era incompatible con el puesto en Vivienda ¿Qué ha hecho este señor Aarón, que firmó ese escrito (obligado por una petición de la jueza Sagrario Tovar de la Fe, juzgado número 1 Las Palmas) de que dicho funcionario era incompatible con el puesto de jefe de Servicio de la Función Pública de Vivienda, ya que era dueño de una empresa GARTROPA S.L. (García-Troya-Panasco), y la compaginaba con su puesto de funcionario jefe del Servicio de la Función Pública de la Vivienda, y no había pedido la compatibilidad? ¡Na!... La segunda comunicación es tan injusta que no me resisto a contársela. Resulta que, en un sitio rústico, este funcionario, que por cierto es cuñado de María Lourdes Quesada Díaz, directora de Relaciones con la Admón. de Justicia, se fabricó una escuela infantil “La Ardilla amarilla”, en sitio rústico y sin permiso, y, contraviniendo un escrito del Consejero del Gobierno de Política Territorial, donde le comunica que no se puede fabricar. La comunicación es de un Consejero de Gobierno a un funcionario que depende del mismo Gobierno.

EL BOTÓN: “Si Clavijo, se ha rodeado de personas que no pueden tomar suya la causa del débil, no puede hacer justicia”

Los ejemplos que se han expuesto arriba dicen claramente que estos no pueden tomar suya la causa del débil (desahucio de una madre con cuatro niños menores, por un oficial corrupto) y, con respecto a que la señora Lourdes Quesada es cuñada de este funcionario, puede que la Justicia se pueda ver comprometida. Quiero recordar esto que ocurrió en el Parlamento, cuando fue nombrada Lourdes Quesada consejera de Relaciones con Justicia, (Canarias ahora, 31-07-2015): “Un exceso de especiales relaciones no podría convertirse en pernicioso para las funciones de quien tiene que velar precisamente por las relaciones con la Administración de Justicia, compuesta por algo más que la Fiscalía de Las Palmas” “Es la mujer del fiscal jefe de Las Palmas”, contestó con los ojos como platos el consejero Afonso. “¡Aaaah! estupendo, oye”. Quedan por tanto como absolutamente falsas las explicaciones oficiales que tanto el consejero como otros distintos altos cargos del PSOE han repetido como cotorras: Lourdes Quesada ha demostrado una alta competencia como funcionaria (sic) de la Comunidad Autónoma y las dos causas penales en las que se ha visto envuelta no han concluido con una condena firme. “Es la mujer del fiscal jefe de Las Palmas” nada tiene que ver con las explicaciones absurdas que están dando los dirigentes socialistas para no dejar al consejero con el culo al aire” ¿Para qué quiere un Gobierno tener especiales relaciones con la fiscalía de una de las dos provincias de su competencia? ¿Son necesarias esas especiales relaciones para algo más que no sean las normales e institucionales relaciones entre un gobierno autonómico y un órgano del Estado?
Con todos estos ejemplos, que ya de por sí son peliagudos, y como si nada, este funcionario sigue en ese puesto trabajando. La “Doblez” con la que actúan ustedes me parece insoportable desde el punto de vista de servidores del pueblo. Me recuerda el refrán tan llevado y traído por la gente “a Dios rogando y con el mazo dando”
Lo peor del asunto, discúlpeme, señor Clavijo, es que esto quedará en aguas de borrajas. Y aquí viene lo grave, este señor lleva desde el año 2000, desahuciando familias, mientras él, se fabrica en sitio rústico lo que le da la gana sin pasar por Hacienda, ¿Usted va a consentir esto? Hacienda somos todos. ¿Qué hace su Consejera de Hacienda la Excma. Sra. Dª Rosa Dávila Mamely? ¿Qué hace Aarón Afonso?

Seguro que dirá como en el 2015. "Los pormenores exactos del concurso de hemodiálisis los desconozco, solo sé que a Lourdes Quesada le avalan casi 20 años de trayectoria profesional". Igualito dirá con lo del cuñado de Lourdes Quesada “Los pormenores del funcionario lo desconozco, si un fiscal le pidió dos años de cárcel y si fabrica en sitio rústico sin licencia y si... Lo de siempre lo desconozco”.

Por estos días se está reabriendo el caso. Y los testigos confirmaron que al menos cinco de las personas llamadas conocían de hace años a Clavijo, ya fuera por haber compartido trabajo en Leroy Merlín o por acudir juntos a clases de artes marciales. Y también porque esa empresa tuvo su sede durante un tiempo en el mismo lugar que la asesoría Administración Ecológica SL, de la que Clavijo fue administrador hasta marzo de 2009. Para la Audiencia es relevante también cómo el Ayuntamiento pagó atrasos a Autogrúas Poli SL solo en el momento en que se ejecutó el traspaso de la sociedad por parte de José Padilla a ese grupo de amigos de Clavijo. Y añade la Audiencia de que no hay constancia de que el Ayuntamiento conociera y tampoco que autorizara esa transmisión de la propiedad, contraviniendo así lo que recoge el pliego de la concesión del servicio.

7. Más incumplimientos

Autogrúas Poli SL suma y sigue con sus incumplimientos y no tenía la tarjeta de transporte obligatoria, como acreditó la Guardia Civil. Tampoco estaba al día en los pagos a la Seguridad Social y obligaciones fiscales, como constató la Intervención en agosto de 2014 (con Clavijo también en la Alcaldía).

8. Pérez Godiño sigue los pasos de Clavijo

A pesar del rosario de incumplimientos, en agosto de 2004 el teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Antonio Miguel Pérez Godiño (CC), prorroga la concesión a Autogrúas Poli SL por cinco años y un importe máximo anual de 650.000 euros.

La Audiencia Provincial estima el recurso de los denunciantes y ordena a la jueza que reabra el caso, al entender que hay indicios de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. La magistrada llama a declarar a siete trabajadores de la empresa de grúas, cita como testigos a los dos interventores, llama como investigado-lo que antes era imputado al edil Pérez Godiño y finalmente el viernes eleva el caso al Tribunal Superior por la condición de aforado del «otro investigado» pero ojo sea lo que pueda ocurrir con el señor Clavijo, Yo avisaba al señor Clavijo que eran demasiadas imputaciones.   



Martín RU