La realidad es que se trata de un artículo vacío en el fondo (como ocurre con el Derecho al trabajo)

Por Ángel Rivero García

Co. 06 de mayo de 2018

El artículo 47 de la Constitución Española dice: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos"...Pero tiene una pega...

La realidad es que se trata de un artículo vacío en el fondo (como ocurre con el Derecho al trabajo). Se encuentra dentro del Título Primero de la Constitución, "de los derechos y deberes fundamentales", pero pertenece al Capítulo Tercero: "De los principios rectores de la política social y económica". Ello hace que, según el Profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, Rafael Escudero, "Conceptualmente no son derechos, su técnica jurídica de protección no es de derecho y no hay un sujeto obligado a satisfacerlo". Es un principio rector. Por ello, un ciudadano cuando no tiene casa o trabajo no puede acudir a un tribunal a exigir el cumplimiento de ese "Derecho"...

Los "Padres de la Constitución" ya eran conscientes de ese problema, según el profesor Escudero. El Gobierno del Estado se apoya en la situación del artículo para frenar a las Comunidades Autónomas cuando intentan crear Leyes que protejan el Derecho a la vivienda. Pasó en Cataluña y en Andalucía entre otras cuando intentaron sacar decretos contra los desahucios. El Gobierno del Partido Popular se ampara en estos casos diciendo que las CCAA invaden con estas normas las competencias del Estado. Pero resulta que el Gobierno Estatal no se ha molestado nunca en desarrollar estas competencias mediante ninguna Ley Estatal...

Partiendo de esa base vemos claro cómo la política en materia de vivienda por parte del Estado está muy por debajo de la media europea. Esta inacción provocó la burbuja inmobiliaria en su día y hace que los problemas de los ciudadanos de a pie para tener una vivienda digna sean cada vez más numerosos: existen viviendas vacías por doquier, las ayudas al pago son escasas, así como las viviendas destinadas a alquiler social, apenas se fomenta la vivienda pública, etc...

En el caso concreto de Canarias, hay más de 35.000 canarios y canarias que no pueden acceder a una vivienda del mercado privado porque, o bien no hay o bien son demasiado caras, como recalcó Carmen Hernández, vicepresidenta de Nueva Canarias y alcaldesa de la ciudad de Telde en el encuentro #CanariasconFuturo celebrado en Lanzarote...

En ese encuentro, Carmen Hernández apostó por políticas específicas en materia de vivienda como el alquiler social, la construcción de vivienda pública o subvenciones para poder acceder al mercado libre...

Hay que resaltar que Nueva Canarias entre las resoluciones aprobadas en el último Congreso dedica un amplio apartado a este tema con propuestas destinadas a resolver el problema y que en Telde está en marcha un potente Plan de Rehabilitación de Viviendas que ya está dando sus frutos (viviendas de Los Marinos en Melenara o Valle de Jinámar, como ejemplos)...

Pero a los problemas de vivienda ya mencionados se suma ahora el tema de las viviendas vacacionales que tanto están dando que hablar por todo el Estado y que ya estamos empezando a sufrir en Canarias, especialmente en la isla de Lanzarote donde ya no hay apenas viviendas disponibles para los residentes y un piso de 40 metros cuadrados con una sola habitación puede salir por más de 700€ de alquiler...

Es urgente buscar soluciones a estos problemas, pero hay que partir de raíz: mientras en la Constitución vigente el Derecho a la vivienda sea un "derecho entrecomillado" costará encontrar Gobernantes decididos a solucionarlo en serio. Ya pasamos por una burbuja inmobiliaria, no creemos otra nueva.



Ángel Rivero García