Mar canario - 20/04/2013 actualizado a las 03:31

Fallo Constitucional Incompleto

Fallo Constitucional Incompleto

La delimitación sobre los espacios marítimos y aéreos de Canarias, han sido reclamadas en repetidísimas ocasiones en las Cortes Generales, con el objetivo de que los distintos gobiernos del Estado (UCD, PSOE y PP) reconocieran y aceptaran a la Comunidad Autónoma de Canarias, como un territorio archipelágico formado por el conjunto de islas e islotes y con sus respectivos espacios marítimos y aéreos circundantes, compuestos por aguas interiores archipelágicas, un mar territorial y una zona económica exclusiva de acuerdo “erróneamente” con el vigente Ordenamiento Legislativo español, sin tener en cuenta  la Legislación Marítima  Internacional correspondiente.

Durante la transición política española y en relación a los espacios marítimos del archipiélago, los partidos anteriormente citados rechazaban en Madrid cuando su partido gobernaba, y las defendían cuando eran oposición. De nada servía que en Canarias se aprobara por mayoría o unanimidad unos Estatutos con la delimitación de los espacios marítimos y aéreos que mejor defendía los intereses generales de Canarias.

Los argumentos de buenas intenciones que mostraban aquí, esos partidos centralistas, rebatían las propuestas insulares porque decían que era inconstitucional. Sin embargo ningún representante canario en las Cortes Generales, se atrevía a denunciar ante el Tribunal Constitucional, para que se pronunciara si era correcto el rechazo por inconstitucional  sobre la delimitación de los espacios marítimos del archipiélago canario.

El Derecho Marítimo Internacional fue aprobado en 1982, siendo integrado definitivamente dentro del Ordenamiento Interno de España en febrero de 1997, con su publicación en el BOE, A partir de ésta fecha, ya no existe ningún argumento que justifique de inconstitucionalidad la Ley 44/2010 de Aguas Canarias, como así pretende algunos. Y si aún persistiera por parte del Gobierno de España, en negar el derecho de Canarias a delimitar sus espacios marítimos y aéreos, sería por la dejación de los políticos canarios, que no exigen al Tribunal Constitucional, que interprete y ejecute lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución.   

El interés de los canarios no es otro que se reconozca y respete en una sola cosa, que el territorio de las islas y las aguas que las separan formen una unidad jurídica archipelágica del estado español. Un Territorio que garantice a los canarios la mejor forma jurídica de Gobernanza, para la defensa de sus fronteras marítimas y ante terceros Estados, impidiendo la navegación internacional entre las islas, sin la previa autorización de la Comunidad Autónoma. Y para fiscalizar y decidir sobre los recursos económicos dentro de la zona económica, que aunque de soberanía española, sería necesaria la preceptiva autorización del Gobierno de Canarias.

En los años de la transición, una vez firmado el Tratado Internacional del Mar en el año1982 se conocía dos propuestas para la delimitación internacional de los espacios marítimos de Canarias. Una era el reconocimiento de Archipiélago Estado, artículo 46a, lo que significaba la independencia, y otra la de un archipiélago del Estado español, artículo 46b y 305e. Ambos, del Tratado Internacional del Mar. La primera opción era una rápida ruptura con España y la segunda, el consenso negociado con el Estado, hasta llegar a un acuerdo de Estatuto de Autonomía que permita a Canarias adherirse al Tratado Internacional del Mar de Montego Bay. El único Estatuto que puede servir para ello (no existe otro), es el que contempla la Resolución 742 de la VIII Asamblea de las Naciones Unidas. Estos dos argumentos jurídicos de archipiélagos han fracasado a lo largo de la transición, por errores, o por desconocimiento de los políticos canarios.

En el año 2003 surgió una nueva iniciativa ciudadana sobre las aguas canarias, presentado por la Plataforma por el Mar Canario que se diferenciaba sustancialmente a los presentados por Coalición Canaria en las Cortes Generales, que basaba sus iniciativas sobre las aguas canarias, con Leyes internas españolas. Era un fracaso previamente anunciado. La nueva iniciativa popular tenía, y tiene por objetivo, lograr una delimitación marítima que fuera poco a poco acercándose a su reconocimiento internacional. Primero había que buscar la concienciación del pueblo a través de mociones en todos los municipios y cabildos de las islas, además, elevarla al Parlamento de Canarias, al Estado español y a la Unión Europea, para finalmente presentar todas las Actas Institucionales ante las Naciones Unidas. La defensa de esa nueva iniciativa tenía que estar basada en la interpretación de la propia Constitución Española, del Derecho Internacional Comparado, para acercarse al Tratado Internacional del Mar. O sea, con las mismas herramientas jurídicas del Estado se podría alcanzar nuestro sueño que en aquel entonces pudiera ser utópico. Y cuando se trabaja con la utopía de forma incansable, se puede lograr los objetivos marcados. Ley de Aguas Canarias se dio el primer paso, pero quedó dormida en un cajón, hasta que gracias al petróleo, Coalición Canaria logró que el Tribunal Constitucional lo sacara del cajón.

La Ley 44/2010 de Aguas Canarias delimita históricamente por vez primera, las aguas marítimas del archipiélago, manteniendo la soberanía del Estado español, pero con titularidad de competencias al Gobierno de Canarias. Este hecho romperá el hielo del Congreso de los Diputados. Con la nueva Sentencia del Tribunal Constitucional, no se podrá alegar inconstitucionalidad al no hablar la Ley de un Mar de aguas interiores archipelágicas. El Estado español puede ceder a Canarias de aquello que pueda ceder. La Ley 44/2010 de Aguas Canarias, cede las competencias en las aguas territoriales y la zona económica exclusiva, y aunque por ahora elimine el concepto jurídico  “aguas interiores archipelágicas”,  en dicha Ley.

La Ley 44/2010 de Aguas Canarias dice que respetará el vigente Tratado Internacional del Mar, añadiendo una coletilla que dice: “la Ley carece de contenido jurídico a efectos internacionales”. Esa coletilla convierte dicha Ley, en  una aplicación unilateral e interna española, que no obliga su cumplimiento a terceros Estados. Ni en las aguas interiores archipelágicas, ni en la zona económica exclusiva situada frente a frente con las costas de otros Estados. Sin embargo, la firmeza de esa coletilla da pié al Gobierno de Canarias para acudir nuevamente ante el Tribunal Constitucional, para que aclare dicha coletilla con relación al artículo 95 de la Constitución Española.

Las estipulaciones constitucionales que puedan impedir una delimitación marítima de Canarias como parte de la unidad territorial del Estado, requiere una correcta adaptación plena y jurídica con el Tratado Internacional del Mar.

De momento, la Ley 44/2010 de Aguas Canarias fue un primer paso adelante, con la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional, que insta al Gobierno Canario a ser inclusión en el Estatuto. Esta Sentencia eleva al Decreto Ley 44/2010, en Ley Orgánica, aunque esto sigue siendo insuficiente, porque no reconoce las aguas interiores archipelágicas, y esas circunstancias nos obliga a seguir insistiendo en pelear hasta conseguirlo.

El segundo paso será cuando la reforma del Estatuto pase formar parte integrante en el texto de la Constitución Española. La redacción final no podrá contemplar estipulaciones contrarias con el Derecho Internacional del Mar, el cual contempla un Estatuto específico para los archipiélagos no Estados (artículo 305e). No cabe duda alguna que esta reciente Sentencia del Tribunal Constitucional pondrá al descubierto, las contradicciones contrarias a la delimitación marítima de Canarias, ejercidas por los diferentes Gobiernos de España.

 El tercer paso será definitivo, el Tribunal Constitucional dictaminará la delimitación fronteriza con las líneas de base recta como archipiélago de Estado, en caso contrario, dejaría que Marruecos tenga la mediana equitativa, o sea, a doce milla de Lanzarote y Fuerteventura. El Tribunal Constitucional, y sus jueces tendrán que hilar muy fino, su decisión repercutirá internacionalmente. El Tribunal Constitucional tendrá que realizar una declaración  doctrinal jurídica, que desarrolle los artículos 46b y 305e, del Tratado de Montego Bay en todos sus términos literales e interpretativos.

El cuarto paso que sería el definitivo, será la entrada del Estatuto de Autonomía en la Organización Marítima Internacional para su aceptación, porque si no fuese así, quedaría invalidado, convirtiéndose en una simple ley interna española, que no obligaría cumplirla por terceros Estados. Nosotros siempre hemos dicho que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado con una doctrina jurídica en su obligada interpretación del artículo 95 de la Constitución.

Y para aquellos que dicen que dicho Decreto Ley es contrario al Derecho Internacional del Mar, deberán esperar a que terceros Estados presenten sus quejas y denuncias ante el Tribunal Internacional de Justicia. Se podría levantar la manta jurídica.

Con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional se inició el primer objetivo que nos marcamos desde la primera moción presentada ante las instituciones canarias. El segundo objetivo era provocar que una delimitación controvertida como es la de Canarias, fuese denunciada por terceros Estados ante el Tribunal Internacional de Justicia, que aún no ha llegado El tercer objetivo será los efectos de una Sentencia por el Tribunal Constitucional, que impida a Canarias, establecer una delimitación fronteriza de acuerdo al vigente Ordenamiento Jurídico Interno, como archipiélago del Estado español. Si  así se pronunciara, se estaría cometiendo una supuesta y grave prevaricación, que provocaría a que Canarias acudiera denunciarlo ante las Naciones Unidas.

La delimitación fronteriza de los espacios marítimos y aéreos del archipiélago canario, es de una necesidad imperante, que requiere su reconocimiento internacional, con todo el rigor jurídico que permite el Derecho Marítimo a los archipiélagos de Estado, dichos archipiélagos tienen que contemplarse como un Estado independiente, o bien, un archipiélago con Plena Autonomía Interna, con reconocimiento internacional de su Estatuto.

En la Ciudad de Telde a, 19 de abril de 2013

Firmado: Antonio Rodríguez de León 



Antonio Rodríguez de León